Pescadores Industriales del Biobío piden avanzar en mejoras en la fiscalización y certificación del 100% de los desembarques para evitar la desaparición de la merluza común debido a la pesca ilegal

A las cero horas de este miércoles 1 de septiembre comienza la tradicional veda reproductiva de la Merluza
Común, conocida popularmente como “pescada”. Esta prohibición de captura rige para el sector pesquero en su
conjunto y se ejecuta para asegurar una adecuada reproducción y desove de este recurso, a fin de mantener su
sostenibilidad en el tiempo. En el caso de la merluza, esta veda se extiende por 30 días.

Al respecto los Pescadores Industriales del Biobío, a través de la jefa de Sustentabilidad, Monserrat Jamett
Leiva, llamaron a los consumidores a cumplir un rol fundamental frente a las diversas vedas biológicas que
establece la autoridad sobre diversos recursos pesqueros, no comprando ni consumiendo pescados o mariscos
frescos que se encuentren en prohibición. “Si las personas asumimos ese compromiso, estamos cumpliendo un
rol central, que es decirle en la práctica a quienes actúan sacando del mar estos recursos de manera ilegal, que
sabemos que es un delito y que pone en severo riesgo la salud del mar y sus recursos”, afirmó la ejecutiva.
Por otra parte, Monserrat Jamett dijo que pese a que el 100%de las capturas de la pesca industrial son
certificadas por Sernapesca cuando son descargadas en puerto, “existen muchos recursos pesqueros
artesanales sobre los cuales no hay ningún tipo de visado que permita conocer si se cumplen o no las cuotas
autorizadas, pues se trata de una declaración voluntaria para las naves menores. El caso más grave es el de la
merluza común o pescada que está gravemente afectada por pesca ilegal artesanal, preferentemente en la
Región del Maule, donde diferentes estudios señalan que se pesca hasta 5 veces la cuota autorizada o
sostenible. A ese ritmo de depredación nuestros hijos no podrán comer merluza. Allí se hace urgente la
certificación”, afirmó.

Nuestra visión sobre esta grave problemática pasa por dotar de más y mejores recursos técnicos, tecnológicos
y humanos al Servicio Nacional de Pesca. “También entregarles una mayor protección frente a las amenazas y
violencia de la que son víctimas sus fiscalizadores por quienes operan estas mafias de pesca ilegal y lograr por
ley que el 100% de los desembarques de merluza sean certificados obligatoriamente. Esto permitirá que
todos los chilenos estemos seguros de que la pesca que se hace, en particular en el Maule, es sostenible y se
ajusta a las cuotas de capturas fijadas por la autoridad”, aseguró la experta y pidió que el Congreso legisle de
manera urgente en este sentido.

Por último, la jefa de Sustentabilidad de ASIPES invitó a los actores pesqueros, parlamentarios, ONG
ambientalistas y al Gobierno a establecer un diagnóstico compartido y certero de las causas por las cuales la
Merluza Común no logra recuperarse. “Toda la información experta y técnica señala que la pesca ilegal está
acabando el recurso, por ello es tan importante que todos nos pongamos a combatir este problema, protejamos
la merluza, para que siga siendo patrimonio gastronómico de todos los chilenos, concluyó.